MIGRANTES

Un estudio interinstitucional, en el que fueron entrevistados más de 4 mil trabajadores, casi todos inmigrantes, reveló que un elevado porcentaje de ellos no recibió siquiera el salario mínimo, que a más de la tercera parte se les negaron los recesos obligatorios para comer, y que entre las represalias patronales por querer formar sindicatos estuvieron las suspensiones, amenazas de llamar a la “migra”, reducciones de salario o, de plano, despidos arbitrarios.
Llevado a cabo por el Centro para el Desarrollo Económico Urbano, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y el Proyecto Nacional Legal en el Empleo en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, y publicado el miércoles 2 de septiembre, el reporte descubrió que numerosos empleadores no pagaron horas extra, hicieron deducciones ilegales de sueldo, obligaron a sus asalariados a trabajar sin paga antes o después del turno laboral e ignoraron el salario mínimo.
De los 4,387 asalariados objeto de la encuesta, por supuesto, la mayoría tienen que ser mexicanos, pero ni ésta ni ninguna otra revelación, como la que alertó recientemente sobre las violaciones a los derechos humanos en los centros de detención migratorios, han sido suficientes para que el gobierno federal mexicano levante la voz y exija respeto para sus ciudadanos residentes en Estados Unidos.
En el estudio de 72 páginas, denominado Leyes Quebrantadas, trabajadores desprotegidos; violaciones a las leyes laborales en ciudades estadounidenses, participaron solo dos personas de ascendencia mexicana, Ana Luz González y Víctor Narro. Candidata doctoral en Desarrollo Urbano por la UCLA ella, y director él del Proyecto Laboral del Centro de Los Ángeles de la UCLA.
Al comentar estos hallazgos, un editorial de The New York Times al día siguiente afirma que “por supuesto, es moralmente abominable que la economía estadounidense esté invadida por la explotación”, agrega que “este reporte da al traste con el argumento de que la forma de ayudar a los trabajadores estadounidenses es amedrentar cada vez más a los inmigrantes indocumentados, haciéndolos más explotables”, y culmina diciendo “sólo protegiendo a todos los trabajadores este país empezará a reconstruir centros de trabajo en congruencia con nuestros ideales de decencia y juego limpio”.
La fractura de miles de familias al ser deportado uno de sus miembros; las muertes en la frontera, al ritmo de una diaria, originadas por la militarización de la zona; las violentas y brutales redadas en los centros de trabajo; la saña policíaca en innumerables ciudades, y ahora la revelación de estas graves violaciones a los derechos laborales de nuestros conciudadanos, siguen si inmutar al gobierno sucesor y correligionario del de la “enchilada completa”, que prometió negociar la regularización migratoria de 6 millones de mexicanos y, a cambio, nos dejó una muralla fronteriza.